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TECHO República Dominicana quiere unirse y apoyar las declaraciones de los distintos actores y organizaciones de la sociedad civil que han asumido el rol de voceros de las comunidades para comunicar su preocupación sobre la situación de sequía que atraviesa el país y visibilizar los efectos perjudiciales de ésta sobre las condiciones de vida en las poblaciones más vulnerables.

Al día de hoy la sequía en sus diversas manifestaciones (meteorológica, hidrológica y agrícola FAO (2019), se ha convertido en una amenaza recurrente para el país con eventos nocivos de cobertura variable que afectan la calidad de vida de las poblaciones al impactar su hábitat y en consecuencia sus actividades económicas y medios de subsistencia.

Según el análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura – FAO (2017), los impactos de la sequía se han intensificado en los últimos  años producto del cambio climático, poniendo en riesgo la producción agrícola y ganadera, además de la seguridad alimentaria en varias zonas del país, principalmente en aquellas con menos disponibilidad de agua: Montecristi, Dajabón, Elías Piña y San Juan.

Las bajas precipitaciones, la sequía de ríos, la presencia de zonas áridas y semiáridas afectan las comunidades de las regiones noroeste y suroeste, debido a que sus actividades económicas que incluyen el cultivo de arroz y la crianza de ganado vacuno depende de importantes suministros de agua y los embalses que abastecen estas zonas no cuentan con la capacidad para cubrir tal demanda. De esta manera y como consecuencia se reportan pérdidas en los medios de vida, la degradación de los suelos, pérdida de peso de los animales, disminución de la producción de leche y la muerte de reses.

Bajo esta situación los habitantes de las comunidades perciben con más frecuencia las dificultades de acceso al agua para satisfacer las necesidades de uso doméstico, haciendo que numerosas familias dependan de suplidores privados, camiones cisternas y compra de agua embotellada. FAO (2019)

Este escenario alarmante que amenaza las condiciones de vida de las comunidades con mayor intensidad en las zonas rurales, es un problemática de larga data. El acceso al agua como la seguridad alimentaria son derechos humanos fundamentales y cuya trasgresión se hace presente con cada sequía.

La suma de elementos expuestos convierten a la sequía en una problemática de urgente inclusión en la agenda política del país. Cada sequía nos muestra un escenario de incertidumbre, debido a que no se han establecido las medidas necesarias para la prevención temprana y las capacidades para la construcción de comunidades resilientes.

Desde TECHO República Dominicana, sabemos que existe evidencia de la inversión realizada en proyectos vinculados a la sequía que pretenden investigar el fenómeno y ofrecer soluciones a los problemas actuales, en ese sentido, la FAO actualmente está desarrollando el “Proyecto Resiliencia a la Sequía” que es un programa de cooperación financiado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), bajo la modalidad de consorcio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Oxfam y Plan International, junto con el gobierno de la República Dominicana y a través de la comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin embargo, debido al recrudecimiento de la situación durante estos últimos años,  y a pesar de aplaudir y apoyar estos esfuerzos, desde TECHO República Dominicana consideramos necesario la activación por parte del Estado como principal garante de los derechos humanos, de políticas públicas sólidas que aseguren a largo plazo la prevención temprana de las causas y la mitigación efectiva de los efectos de la sequía en el territorio nacional, con el asesoramiento de instituciones internacionales y nacionales expertas, junto a las cuales se consolide un sistema de gestión de riesgo que permita identificar a tiempo el inicio de eventos de sequía, activar el sistema de alerta temprana que facilite el involucramiento de la ciudadanía y productores en forma directa en las decisiones que se deben adoptar y, en caso necesario,  tomar decisiones y aplicar acciones para contrarrestar potenciales efectos sobre los medios de vida y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad. FAO (2019)