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El INDEC presentó los números y la pobreza aumentó nuevamente en el segundo semestre de 2019 alcanzando al 35,5% de la población. Si bien no es un incremento sustancial respecto al primer semestre del pasado año, cuando el indicador marcaba 35,4%, sí lo es respecto al segundo semestre del 2018, cuando las personas en situación de pobreza representaban el 32% de la población argentina. 

Estos números no son menores y el actual contexto de crisis marcado por la pandemia del COVID-19 solo deja expuesta la deuda histórica que tenemos en Argentina y lo estructural de la problemática. 

El indicador, además, nos dice que un 5,7% de los hogares en Argentina no alcanza, en situaciones normales, a cubrir la canasta básica de alimentos, que por otro lado, dista de ser la ideal para cubrir las necesidades nutricionales de una familia tipo.

¿Qué sucede con estas familias en la situación actual? Las restricciones son mayores. El aislamiento ha dejado a la vista de todos la emergencia permanente en la que viven millones de personas en nuestro país. Cuando las familias en situación de pobreza no cuentan siquiera con los ingresos del trabajo informal, que en los barrios populares ronda el 84%, comienzan a verse largas filas en los cajeros para cobrar asignaciones, en las escuelas para recibir un bolsón de alimentos o la vianda del comedor, y se siente la incertidumbre sobre cómo sobrevivir en este contexto. 

Esto queda visibilizado porque, mientras quienes tienen su situación económica medianamente resuelta se quedan en casa, no todos pueden hacerlo, y deben exponerse, no solo al contagio, sino también a la mirada estigmatizante del resto de la sociedad que los juzga por romper la cuarentena, para poder llevar un plato de comida a su casa.
Por otro lado, este tipo de medición sólo contempla los ingresos familiares para definir la pobreza, sin embargo, la realidad muestra que estar en esta situación es mucho más que “no llegar a fin de mes”. Es vivir en condiciones inadecuadas, sin acceso a servicios básicos formales ni a infraestructura sanitaria de calidad, es habitar en viviendas de materiales no aptos para hacer frente al clima, pequeñas, incapaces de cumplir con lo que una familia necesita para desarrollarse.  

Es evidente que las condiciones habitacionales de las familias en situación de pobreza no son propicias para acatar un aislamiento social obligatorio, dado el alto grado de hacinamiento y la falta de algo tan básico como el agua, a la que el 89% de los barrios populares no tiene acceso de manera formal, para poder cumplir con el necesario lavado de manos, cambio de ropa y otras medidas preventivas frente al virus. 

Desde TECHO vemos valiosas las políticas estatales destinadas a paliar la presente crisis, como la decisión de mantener los comedores escolares funcionando a través de la entrega de viandas, la provisión de alimentos a las familias de los barrios populares y los ingresos familiares de emergencia. 

Sin embargo, creemos que, a medida que las condiciones mínimas de seguridad sanitarias lo permitan, es imperante iniciar políticas y programas que ataquen el problema de raíz, que logren activar la economía de los barrios, generando empleo o condiciones para que las familias puedan insertarse en el mercado laboral, así como también esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en estas comunidades. La provisión de servicios básicos formales, de calidad y a precios que las familias puedan costear es, sin duda, una de las prioridades en el camino de la integración sociourbana de estos sectores.

Cuando la pandemia quede en el pasado, las familias de los barrios populares habitarán un presente igual, o incluso peor al que tenían en 2019. La pregunta no es únicamente cómo el país se recuperará frente a la crisis económica, sino qué haremos como sociedad para construir un futuro más igualitario, equitativo y sin pobreza. 

Gabriela Arrastúa

Directora del Centro de Investigación Social

TECHO Argentina

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