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El 31 de agosto de 2018, tres familias de la Ch 252 “Manantiales”, Posadas, Misiones, fueron notificadas de una orden de desalojo a efectuarse en diez días. Esta sentencia afecta a cinco familias del barrio que viven allí hace más de 17 años, entre los que se encuentran cinco menores (dos bebés) y una mujer adulta de 80 años con parálisis, que sólo puede trasladarse en silla de ruedas. En las audiencias de negociación, las familias ofrecieron una propuesta de pago acorde a su situación económica e ingresos, pero la misma no cumplía con las pretensiones del demandante.

Sin embargo, el miedo y la falta de seguridad en la tenencia de la tierra que habitan hace décadas, no es una problemática que afectó a estas familias solamente; sino también a las más de 900 mil que viven en barrios populares en la misma situación de precariedad e inseguridad. Estas familias son quienes históricamente salen a trabajar todos los días, con la incertidumbre de saber si el dia de mañana van a poder seguir viviendo en sus casas y en su barrio. Además, viven en un lugar que se inunda cada vez que llueve y que no tiene acceso formal a los servicios básicos. Por todo esto, la falta de un proceso integral de regularización dominial e integración socio urbana, es la consecuencia para cientos de personas que conviven con el miedo a la relocalización, al desalojo, sin una solución concreta para ellos/as y sus familias.

En esta lucha que vienen dando los vecinos y vecinas se dieron algunos pasos importantes, como, por ejemplo, la resolución del “proceso de reivindicación del caso Nosiglia”, que finalizó con la voluntad de pago de parte de los vecinos y vecinas (190 familias aproximadamente) y la voluntad de cobro por parte de la demandante. Esa resolución, dio la posibilidad a las familias para que puedan acceder al pago de sus lotes. Sin embargo, el proceso de desalojo a las familias de Manantiales, implica un retroceso en el accionar del Estado.

Es importante destacar que las familias que recibieron el aviso de desalojo poseen el “Certificado de vivienda familiar”, otorgado por el Gobierno Nacional a través del ANSES, que reconoce formalmente la existencia de los asentamientos y barrios informales, a partir del Registro Nacional de Barrios Populares creado por el Decreto 358/2017. En el mismo, declara “que se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares otorgándoles seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos servicios básicos y de la integración urbana y social.”

De acuerdo a los compromisos internacionales de Derechos Humanos, ante los procesos de desalojo debe garantizarse un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectadas, en un plazo razonable, con asesoramiento jurídico y brindándoles una propuesta alternativa. Los desalojos en los barrios populares sin una alternativa de solución concreta por parte del Estado, no solucionan la problemática habitacional, solo vulnera derechos humanos esenciales.

Exigimos al Estado en su conjunto priorizar un acercamiento al territorio, trabajando en una mesa conjunta con los vecinos y vecinas en la producción social de su hábitat. Como sociedad no podemos permitir una violación más al derecho fundamental de acceso a un hábitat adecuado.

Contactos:
Lucia Ferreyra (Presidente de Comisión Vecinal Manantiales CH 252 ) – cel: 3765007722
David Villarroel (Director General TECHO Misiones) – cel: : 3764684606
Fabricio Tejerina (Referente Barrios de Pie Misiones)- cel: 376 453-9412