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Argentina, 29 de octubre del 2020 – A partir de los hechos de público conocimiento del día de hoy en Guernica, Partido de Presidente Perón, Buenos Aires, como organización que trabaja hace más 15 años en barrios populares de todo el país, nos parece importante aportar al debate público algunas reflexiones:

  • Uno de los roles principales del Estado es garantizar el cumplimiento de la ley. En situaciones como las que se vivieron hoy, se ponen en tensión principalmente dos derechos establecidos en nuestra Constitución: el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna.
  • El desenlace que se le dio al conflicto representa un fracaso en términos de la aplicación de políticas públicas y el acceso a derechos básicos, en tanto es una respuesta incompleta y violenta que deja desamparadas a familias que viven en condiciones de absoluta vulnerabilidad.

  • La situación habitacional a nivel estructural es crítica. Para fines de 2016 el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) identificó la existencia de 4.416 barrios populares. El deterioro de la situación social en el último período permite pensar que lejos de mejorar, la situación empeoró.

  • A su vez, observamos en el territorio que el crecimiento de la población lleva a que las generaciones más jóvenes busquen romper con el hacinamiento, que en los barrios implica situaciones límites como por ejemplo, que familias enteras convivan en una sola habitación, muchas veces compartiendo cama entre varios integrantes. Para esta población no existe respuesta ni en el mercado ni desde el Estado. 

  • Ahora bien, partiendo de que la problemática de fondo es el acceso al suelo, el Estado cuenta con diversas herramientas para afrontar esta situación. Particularmente en la Provincia de Buenos Aires, está en vigencia la Ley 14.449 que da un marco de acción muy favorable para poder brindar soluciones en conjunto con los municipios.

  • A nivel nacional, fruto de un consenso social y político muy fuerte, para los barrios registrados en el RENABAP está vigente la Ley 27.453 que dispone la integración socio urbana de los barrios populares y cuenta con presupuesto y estructura para avanzar.

  • Del mismo modo, este año entró en vigencia el Plan Nacional de Acceso al Suelo que busca dar los lineamientos para responder de manera ordenada a las demandas de tierra también a nivel federal.

  • Al mismo tiempo, en el Congreso existen diversos proyectos de ley sobre la problemática, como la creación de un Fondo Federal de Urbanización Social para asistir técnica y financieramente a municipios, que también representan propuestas concretas y que están pendiente de discusión.

  • Desde TECHO venimos acercando a los diferentes gobiernos propuestas con foco en la emergencia habitacional a través del diseño políticas de viviendas progresivas para familias que viven en condiciones extremas.

  • Los gobiernos deben hacerse cargo de manera urgente de las responsabilidades que asumieron con el conjunto de la ciudadanía. No podemos seguir esperando que conflictos como el de Guernica escalen para que nos ocupemos de esta problemática. Tienen a su disposición infinidad de herramientas y las facultades para diseñar los instrumentos necesarios que permitan dar respuestas a estas situaciones, sin tener que recurrir a la violencia como solución.
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