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Desde TECHO-Buenos Aires hemos realizado una síntesis de algunos temas centrales de la gestión de gobierno bonaerense, durante el 2018, desde una mirada del hábitat y la problemática de los asentamientos. Debe leerse en relación con el informe de TECHO-Argentina sobre el tercer año de gobierno nacional.

Cabe destacar que, a la hora de realizar este informe, una de las primeras trabas que encontramos es la falta de publicación de datos oficiales de calidad, algo fundamental para dar cuenta del estado de situación provincial y para medir el impacto de las políticas públicas. Sobre todo en cuanto a estadísticas y números concretos para poder advertir cómo se desempeñó la gestión bonaerense este año.

En su discurso de asunción, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se comprometió a trabajar en obras de infraestructura para finalizar con las inundaciones de la provincia y acercar los servicios básicos a los barrios populares. De esta forma, la gobernadora incorporó la problemática del acceso a servicios básicos y al hábitat digno, siendo este un hecho relevante y una referencia a la hora de monitorear y analizar las políticas públicas de aquí en adelante.

Asimismo, destacamos que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires realiza informes de gestión de gobierno de manera bimestral , en los cuales muestra los distintos avances que realizan en obras de infraestructura y los operativos realizados en situaciones de emergencia, como las inundaciones sucedidas en los meses de junio, agosto, y octubre del corriente año, problemática histórica en la provincia. Sin embargo, estos datos no logran ser suficientes al no contar con comparaciones de situaciones preexistentes para entender el alcance de lo realizado.

Creemos que las obras que se comenzaron son un avance, que tendrán como objetivo evitar desbordamientos en las cuencas de los ríos Luján, Salado, Reconquista, Areco, Quinto, la cuenca Matanza-Riachuelo y también en la región metropolitana que integran los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Destacamos además que en los informes de gestión de gobierno mencionan que desde el gobierno provincial han acompañado a más de 26 municipios. Sin embargo, todavía tenemos una deuda en cuanto a mejoramiento de la infraestructura para evitar las inundaciones hoy día, sobre todo en los municipios de Quilmes y La Matanza que fueron los más afectados este año. Tampoco tenemos acceso a información respecto a cuántas familias han sido afectadas por estas inundaciones, y cuál fue el saldo de muertes más allá de lo que se publica en los medios de comunicación. Los informes no reflejan el alcance y la profundidad de las medidas al no ser comparativas sobre el total de la problemática.    

Lo más preocupante es que, sólo en el conurbano bonaerense, hay más de 1.600 barrios populares, de los cuales el 95.1% no tiene acceso formal a la red de agua corriente, el  62% no tienen conexión a la red formal de energía eléctrica, y el 97,6% no tienen conexión a la red de cloacas, información que veníamos levantando desde los relevamientos de asentamientos informales que realizamos en TECHO – Argentina. No obstante, a partir del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), se logró visibilizar y poner en agenda generando la sanción de la Ley 27.453, el 10 de octubre del corriente año. Hito que celebramos y entendemos necesario para lograr la integración social y urbana de los barrios.

Sumado a esta situación de vulnerabilidad en los servicio básicos, dentro del período de 2018 más de 8 barrios populares han sufrido desalojos con procedimientos de manera irregular, es decir sin notificación previa y con abuso de violencia por parte de los efectivos policiales.

La situación de irregularidad de los desalojos en la provincia de Buenos Aires a afectado a los asentamientos del Gran Buenos Aires y Gran La Plata, previa aprobación de la Ley mencionada anteriormente. Algunos de ellos fueron:

  1. En el mes de Enero de este año, previo a la sanción de la Ley nacional, en el municipio de Quilmes se desalojaron a 125 familias, con más de una docena de personas heridas tras el accionar de la polícia municipal.
  2. En Septiembre en el municipio de Lanús, sin sanción de la ley, desalojaron a 25 familias, derribando las casas y estructuras donde éstas vivían, sin seguir protocolos específicos.
  3. El 31 de octubre de 2018, en el Municipio de Pilar hubo un desalojo, aún, cuando el 10 del mismo mes se había aprobado de Ley nacional 27.453, anteriormente mencionada. El desalojo tuvo lugar en el barrio Manzone, de manera violenta entre policías y civiles aún cuando la orden judicial, estaba suspendida.
  4. En noviembre, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, específicamente en González Catán, la policía desalojó a la fuerza a las familias que allí vivían y prendieron fuego varias de las casillas que estas habían construido.

Cabe destacar que esta problemática no sólo deja a familias sin un espacio donde vivir, vulnerando sus derechos, y sin respuesta del estado ante esta situación, sino que también se han producido dentro de un marco de violencia, con niños y niñas presentes, y en el último caso con una persona muerta .

Por otro lado, vemos como positivo la creación del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) ente encargado de diseñar la planificación para la progresiva urbanización de los asentamientos y las villas en mayor estado de precariedad del Conurbano. En la actualidad, OPISU concentra su trabajo en 8 barrios de Buenos Aires: Itatí, Quilmes; Libertad, Almirante Brown; La Cava, San Isidro; Carlos Gardel en Morón; Costa Esperanza, San Martín; El Garrote, Tigre; Puerta de Hierro, La Matanza; y Porá en Lanús.

Entre otras cuestiones, el OPISU se encargará de llevar a cabo las gestiones para la llegada de los servicios básicos (agua potable, red eléctrica, cloacas y gas natural), apertura de calles y urbanización de los barrios. Sin embargo, varias y varios referentes de esas comunidades mencionan que no tienen información específica del presupuesto destinado para las obras de integración socio-urbana a realizar en estos 8 barrios, así como tampoco conocen cuáles son los proyectos y cómo se está implementando la ley provincial 14.449 en los mismos. Así como entendemos que la existencia de un organismo focalizado en avanzar con procesos de integración urbana es algo bueno en sí mismo, también creemos que esto debe realizarse al tiempo que se dan respuesta a la mayoría de lo barrios de las provincia que quedan por fuera de esta política.


Creemos indispensable la generación de información pública que permitan trabajar en las políticas a largo plazo. Es fundamental comprender que el sector de la población que vive en los barrios populares debe ser prioridad absoluta de la política pública de este y los gobiernos venideros. Celebramos la sanción de la ley 27.453, así como la creación de un Organismo que vele por la integración social y urbana de los barrios populares en la provincia de Buenos Aires, sin embargo aún vemos deudas estructurales sin saldar y los esfuerzos realizados en esta gestión de gobierno deben redoblarse.

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