TECHO
24 septiembre, 2017

Los asentamientos informales de Colombia se hacen presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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El miércoles 5 de julio, en el marco del 163° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó en Lima, Perú, delegaciones de TECHO Colombia, México y de Oficina Internacional, expusieron en la audiencia pública Derecho a la vivienda en la región.

Con énfasis en Colombia, se abordó la ineficacia del ejercicio del derecho a la vivienda y la consecuente vulneración de otros derechos humanos, con el objetivo de visibilizar la problemática de los asentamientos informales, analizar las políticas públicas en torno a ellos y, a la vez, proponer las siguientes soluciones en materia de hábitat y habitabilidad:

1) El Estado debe disponer del suelo para la construcción de vivienda, garantizando una proyección de servicios básicos e infraestructura que responda a las necesidades de sus habitantes (salud, educación, movilidad, espacio público, entre otros) Los territorios de los asentamientos informales deben ser concebidos como oportunidad en la construcción y mejoramiento de vivienda de quienes allí habitan.

2) Es deber del Estado garantizar que la vivienda no sea construida en zonas de riesgo, natural o de origen antrópico. El Estado debe tener un rol más activo en la intervención, desarrollo y crecimiento de los asentamientos informales.

3) El déficit de vivienda no debe ser abordado sólo desde lo cuantitativo. En Colombia, el 12,8% de los hogares tiene un déficit cualitativo, pues carecen de calidad en su construcción y diseño.

4) Deben promoverse estándares de la vivienda acordes a las características de la población objetivo, como el número de habitantes, cultura, clima y actividades económicas.

Todo lo anterior, desde la premisa que se debe cumplir el artículo 51 consagrado en la Constitución, que supone que “todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna”.

Según Daniela Carvajalino, directora Social de TECHO Colombia, “nuestros planteamientos pretenden denunciar una realidad que a nadie puede dejar indiferente, pero desde una mirada propositiva que reconoce a los habitantes de asentamientos informales como sujetos de derechos que deben gozar del derecho a la vivienda digna, mediante  programas gubernamentales que reconozca su realidad, experiencia y conocimiento”. En esa línea, Carvajalino agregó que “la Comisión Interamericana es una instancia privilegiada para llegar a los tomadores de decisión y poner los asentamientos en la agenda pública”.

Con esta presentación (disponible en video haciendo click aquí), aspiramos al reconocimiento de esta temática por la CIDH y su priorización por los estados de la región.

[1] Conjunto de mínimo ocho familias agrupadas o contiguas con carencia legal de uno o más servicios públicos y donde al menos la mitad de la población no cuente con derechos de propiedad del suelo donde se encuentren ubicados.