TECHO
26 septiembre, 2016

CAMPAMENTOS DE ANTOFAGASTA: SOLUCIÓN SIN VULNERACIÓN

Por Alejandra Cajas

 

 

Violenta tan solo hablar de desalojo. Impacta más cuando éste se dirige hacia los más vulnerables de la población que, por no tener donde vivir, han ocupado terrenos que no les pertenecen.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el desalojo forzoso es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.

La desprotección frente al desalojo forzoso constituye una violación grave al Derecho a una Vivienda Adecuada y otra amplia gama de derechos humanos que éste trae aparejados. Cuando las familias son arrancadas del lugar que reconocían como hogar, para ser dejadas en la calle sin una solución alternativa, ya sea directa o indirectamente, son afectadas también su integridad física y psíquica, su dignidad y su vida en general.

En el caso de nuestro país, este derecho no se encuentra establecido expresamente, pero sí es parte de diversos Tratados Internacionales ratificados por Chile, quedando de esta manera protegido por el artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República.

El ordenamiento jurídico nacional autoriza que se efectúen desalojos, cuando son ordenados por un tribunal de la República, en el marco de un proceso judicial. Además, por la vía administrativa, los Gobernadores Regionales están facultados (no obligados) para ordenar la restitución de inmuebles de propiedad fiscal o de otras entidades del Estado, que estén siendo indebidamente ocupados.

Nuestro país ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas en 2007 por  la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, presentadas al Consejo de Derechos Humanos, en cuanto a la regulación de los desalojos. Sin perjuicio de ello, la normativa interna existente debe necesariamente armonizarse con lo establecido en los Tratados Internacionales. Esto implica, entre otras cosas, agotar medidas alternativas al desalojo.

Más allá de lo estrictamente legal, los desalojos deben ser utilizados como última medida, ya que están lejos de ser la solución a las causas de existencia de los campamentos. Por el contrario, intensifican la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación, que afectan permanentemente a los sectores de la sociedad más vulnerables y marginados.

El pasado miércoles, el Gobierno Regional, Minera Escondida, TECHO-Chile, Fundación Superación de la Pobreza y Servicio Jesuita Migrantes, suscribieron un Convenio de Colaboración, en el marco del Plan de Superación de Campamentos de la Región de Antofagasta.

Tenemos la convicción de que en esta línea debemos continuar trabajando.

Es por esto que, en el Día Mundial del Hábitat, invitamos a todas las autoridades y a los miembros de la sociedad civil, a hacerse parte del compromiso por erradicar los campamentos, atacando las causas estructurales que los generan y sin vulnerar los derechos humanos de quienes ya se encuentran segregados.