TECHO
23 julio, 2018

#OpiniónTECHO del segundo año de gobierno desde una mirada del hábitat y los asentamientos

Por segundo año realizamos este breve informe para dar cuenta de la mirada de TECHO Argentina respecto a las cuestiones más relevantes vinculadas con el acceso al hábitat, la pobreza y los asentamientos.

En cuanto a la situación social, los últimos números del INDEC (1er semestre 2017) dan cuenta de una mejora en los indicadores de pobreza respecto al 2016 (del 32,2% al 28,6%) pero de un sostenimiento en la indigencia (6,3% al 6,2%) a nivel nacional. Cuando vamos a la desagregación de estos números observamos con mucha preocupación la situación del Gran Buenos Aires, Corrientes y Santiago del Estero, donde los niveles de indigencia son del 8,2% 9,3% y 13% respectivamente. Cabe recordar que estar por debajo de la línea de indigencia significa no contar con los ingresos suficientes para “cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer el umbral mínimos de necesidades energéticas y proteicas”. En otras palabras, este gran porcentaje de la población no tiene lo mínimo necesario para alimentarse adecuadamente. En este contexto, organizaciones sociales plantearon la necesidad de sancionar la Emergencia Alimentaria, sin conseguir tratamiento en el Congreso de la Nación. En este sentido, vale destacar la Ley de Emergencia Social sancionada a fines de 2016 con una implementación lenta y errante.

Un hito muy importante fue el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional a través del Decreto 358/17 de la existencia de más de 4300 barrios populares , en un trabajo en conjunto con las organizaciones sociales con trabajo territorial. El mismo decreto estableció el otorgamiento de un Certificado de Vivienda para las familias relevadas. Ambas medidas constituyen un avance relevante y una oportunidad histórica para plantear un proceso de regularización de gran parte de los asentamientos, con enfoque en la integración de los mismos, entendiendo las ventajas sociales del acceso igualitario a derechos básicos, las bases de una sociedad justa.

En contraposición a esta medida, observamos con preocupación una política activa de venta de tierra pública, sin una visión clara de la sustentabilidad de estas medidas en el mediano y largo plazo. Consideramos que es necesario, entre otras cosas, que se modifique el proceso actual y que se incluya la obligación de que estas operaciones sean aprobadas por el Congreso de la Nación.

A nivel nacional, se estableció el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, donde según la información disponible, se están haciendo intervenciones (sin especificaciones de tipo de obra) en alrededor de 350 barrios del país. El aumento en la inversión pública es significativo y vale destacarlo. Sin embargo, en perspectiva de los 4300 asentamientos relevados, no es ni será suficiente para resolver el problema de fondo, lo que requerirá políticas más profundas e integrales y cambios de reglas de juego. Es por eso que insistimos en resaltar la ausencia de la temática del mercado del suelo y su efectiva regulación en este Plan. No hay ciudad o país en el mundo que tenga resuelto el tema del hábitat que no regule de manera efectiva el mercado del suelo.

Parte de la agenda de medios en temas de hábitat se concentró en los grandes proyectos de urbanización que se están llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Destacando la decisión política de avanzar en esta dirección, planteando una mirada de integración social y urbana para los barrios, identificamos la necesidad de participación real en el diseño por parte de los vecinos y vecinas, entendiendo que son ellos quienes vienen construyendo sus barrios y lo seguirán haciendo.  En esta misma línea, también destacamos falta de información pública de calidad en lo que respecta al avance de estos procesos, que permita a las organizaciones monitorear el estado de situación. Por último, merece nuestra atención la falta de participación de las organizaciones sociales expertas en hábitat para la ponderación y selección de los mismos.

En cuanto al Congreso de la Nación, sostenemos que su funcionamiento fue limitado. Como viene pasando año tras año, quedan afuera de la agenda legislativa proyectos importantes para la temática.  En algunas sesiones se aprobaron proyectos vinculados sobre todo al mercado de créditos y a cuestiones vinculadas a la contratación de obras de vivienda social. El proyecto de ley con media sanción de Diputados referido a Regularización Dominial perdió estado parlamentario en el Senado. También quedó sin tratamiento el proyecto de ley de Alquileres que tuvo dictamen en la comision de Legislacion General y contaba con acuerdos para ser aprobada. Un hecho a destacar fue la aprobación por unanimidad de la prórroga de la Ley 26160, que permite encarar definitivamente el relevamiento de tierras de las comunidades originarias. Esperamos que en 2018 se concrete este trabajo  y se avance en políticas de fondo -

Por otro lado, seguimos viendo con preocupación las situación respecto a los desalojos. En todos los casos observados resaltamos, por un lado, la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos a nivel internacional y por el otro, la falta de coordinación estatal en sus diferentes niveles y poderes en la respuestas a las familias afectadas. El Decreto 358/17 estableció mínimos avances en esta temática y es destacable, en este sentido, la iniciativa del poder legislativo de la Provincia de Buenos Aires, que renovó por un año la suspensión de los desalojos, entendiendo la situación crítica que atraviesan la mayoría de las familias. No obstante y a pesar de nuestro pedido recurrente, no sólo no se debatió el proyecto nacional de regulación de desalojos presentado por HABITAR ARGENTINA en el Congreso, sino que muy por el contrario, hubieron intentos concretos de realizar reformas regresivas en términos de derechos humanos, que finalmente no se concretaron debido al accionar de las organizaciones de la sociedad civil y organismos de la justicia.

Durante el año relanzamos el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, en un debate con candidatos y candidatas a diputados nacionales en el Congreso. En el marco de la discusión respecto a la violencia y al rol de las fuerzas de seguridad, vale remarcar uno de los puntos de este documento: “La reducción de la violencia, la previsibilidad de la vida cotidiana y la libre circulación son condiciones básicas para un hábitat digno. En la Argentina, las políticas de seguridad contribuyen (hace décadas) a configurar un hábitat excluyente que focaliza la punitividad sobre los habitantes de los barrios pobres y poblaciones rurales, a los que se ha desprovisto de seguridad. Las zonas con peores condiciones habitacionales son también aquellas en las que se concentran los abusos policiales y en las que más se sufren formas diversas de violencia. Los dispositivos de seguridad configuran obstáculos materiales y simbólicos que limitan la circulación y obturan el acceso a bienes y servicios desigualmente distribuidos en la ciudad. En este sentido, vemos con preocupación la aparición de declaraciones irresponsables de la clase política en Argentina en las situaciones de conflicto entre fuerzas de seguridad y los sectores populares en sus reclamos.

Por último, luego de las elecciones legislativas, el gobierno nacional lanzó una serie de reformas (previsional, laboral y fiscal) con un claro mensaje: “todos tenemos que ceder un poco”. Tal como como concluimos en el informe del año pasado, creemos que es fundamental recordar que la estructura social de nuestro país contiene un núcleo fuerte de ciudadanos y ciudadanas que no están en condiciones de ceder. Este sector viene cediendo a través de diferentes generaciones derechos consagrados, sistemáticamente vulnerados, descapitalizando por completo no solo ya sus posibilidades económicas, sino su condición de ciudadanos/as iguales ante ley. Las personas en situación de pobreza del país no pueden ni deben ceder ya más. Esperamos que está afirmación pueda ser tomada en cuenta tanto por el oficialismo como por la oposición a la hora de discutir las políticas en el año entrante y que podamos avanzar así hacia un país más justo, igualitario, integrado y sin pobreza.

En síntesis, podemos decir que ocurrieron avances (desconectados y de implementación errática). Lo positivo sin dudas es que ahora conocemos la real dimensión y profundidad del problema gracias al Registro Nacional de Barrios Populares. Conocer el problema es parte de la solución, pero no es la solución. Falta discutir y definir políticas públicas de fondo para el largo plazo para incidir no sólo sobre los efectos sino sobre las causas de la pobreza y los asentamientos que son la mayor deuda social del país. En un año donde el país atraerá particularmente la mirada internacional, vale repasar los tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la Nueva Agenda Urbana que contienen lineamientos claros al respecto. Este proceso de discusión, consenso y diseño debe ser convocado y liderado por el gobierno; del cual deberán participar además todos los actores sociales, económicos y políticos, con prioridad fundamental en los habitantes de los asentamientos que conocen mejor que nadie las prioridades y formas de hacer los procesos sustentables.