TECHO
18 diciembre, 2014

Postura Institucional de TECHO ante la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana

SANTO DOMINGO, OCTUBRE 2013. TECHO expresa su disconformidad con la sentencia TC/0168/13 de 2013 del Tribunal Constitucional de República Dominicana que rechaza el Recurso de Revisión interpuesto por Juliana Deguis Pierre. El recurso se pronuncia sobre la sentencia N° 473-2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que revoca su calidad de ciudadana dominicana.

La sentencia declara que la mujer, al ser hija de extranjeros con situación migratoria irregular no tiene derecho a la nacionalidad dominicana pese a haber nacido en el país. Hasta 2010, las únicas personas exceptuadas de este derecho eran los hijos de funcionarios diplomáticos y los hijos de extranjeros en tránsito. La resolución No. 168 constituye una aplicación retroactiva del artículo 18 nº3 de la Constitución dominicana de 2010, que por primera vez menciona expresamente a los hijos de residentes irregulares como parte de la excepción al Ius Solis (1).

La mencionada sentencia además tiene alcances generales a toda la población, ya que dispone efectuar una auditoría minuciosa de las actas de nacimiento del Registro Civil desde 1929 a la fecha, creando una “Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil”. En base a este listado, el tribunal dispuso que el Poder Ejecutivo implementase un “Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país”, lo que redundaría en la pérdida del reconocimiento de la nacionalidad dominicana para miles de personas de alrededor de 4 generaciones que nacieron de extranjeros en situación migratoria irregular.

Lo anterior es especialmente dramático para la población de ascendencia haitiana. En 2012, del total de hijos de personas de origen extranjero,aproximadamente 86% (2) son hijos de personas originarias de Haití. Muchos de ellos forman parte de la población trabajadora del país y viven junto a sus familias en situación de pobreza, marginados en asentamientos precarios.

De esta manera, es evidente que las disposiciones de la sentencia constituyen una afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, pues son aplicables sobre la población de ascendencia haitiana fundamentalmente. Esto constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado contra una parte de la población más vulnerable y pobre del país (3).

Esta situación implica una falta de reconocimiento de la existencia legal plena por parte del Estado a toda esta población, ya que éste les niega uno de los atributos fundamentales de la personalidad: la nacionalidad. Este es un derecho fundamental, que habilita para ejercer todos los derechos garantizados por el Estado y para celebrar cualquier tipo de actos jurídicos: casarse, comprar una casa, acceder a las escuelas, postular a un trabajo, cotizar en un fondo de pensiones, adquirir un seguro médico, etc. La falta de reconocimiento de la nacionalidad también inhabilita a los afectados y afectadas a salir del país, porque no pueden sacar o renovar pasaporte, ni declarar a sus hijos, quienes una vez más arrastrarían esta incertidumbre y las secuelas de la situación migratoria de sus padres.

La aplicación de la sentencia representa un retroceso para muchas personas que se encontraban ejerciendo los derechos garantizados por el Estado para sus nacionales y que hoy se verán privados de hacerlo. Entre ellas, muchas de las familias pobladoras de las comunidades con las que TECHO trabaja directamente.

En base a lo anteriormente expuesto, TECHO considera que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional afecta negativamente la inclusión social de los más pobres del país, al dividir a la población según su ascendencia y negar la nacionalidad dominicana de muchas personas que hoy viven en situación de pobreza. Por lo tanto, la aplicación de las medidas establecidas por la sentencia aumentará el estado actual de vulnerabilidad social y económica de muchas familias habitantes de asentamientos precarios, atentando contra la construcción de un Estado basado en la promoción de los Derechos Humanos de todos sus habitantes.

Como organización comprometida con los pobladores de asentamientos de Latinoamérica, TECHO comparte el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e insta al Estado de República Dominicana a revisar la legislación migratoria a fin de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos independientemente de su ascendencia.

Asimismo, respalda el llamado de otras organizaciones de la sociedad civil para exigir que el Tribunal Constitucional tome las acciones necesarias para rectificar y solucionar esta situación de forma adecuada y responsable, dentro de un marco que garantice el bienestar de todos sus habitantes.

Por último, TECHO hace un llamado a la toda la población de República Dominicana y de Latinoamérica a solidarizase con los afectados por esta situación, a participar en la discusión y movilizarse a favor de la construcción de una sociedad inclusiva y comprometida con los Derechos Humanos.

NOTAS:

(1) Ius Solis: significa “derecho a tierra” y refiere al derecho de una persona a optar a la nacionalidad del territorio en que nació

(2) Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/073.asp)

(3) Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/073.asp)

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2013_10_Postura Institucional de TECHO ante la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana