TECHO
21 junio, 2018

Estado, ciudadanía y democracia

La Democracia es una forma de organización social en la cual la sociedad en su conjunto toma sus propias decisiones. La forma de tomar esas decisiones puede ser directa o indirecta; esta última se ejerce a través de la elección de representantes para la toma de las mismas. En este caso, la democracia debe ser participativa, lo que quiere decir que las autoridades proveen espacios adecuados para que la ciudadanía pueda organizarse e influir directamente sobre las decisiones públicas.

En América Latina y el Caribe, la gran mayoría de los países dice ser gobernado de forma democrática, pero cuando aseguran esto parecen olvidar un aspecto fundamental. Para que la democracia siquiera exista y las decisiones sean tomadas por la mayoría, todos los ciudadanos de la sociedad en cuestión deben gozar de igual libertad y de los mismos derechos ante el Estado. Esta no debe ser medida únicamente en el momento en que una persona se acerca a una urna a votar por sus representantes, sino también por el trato igualitario ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas de un territorio determinado, por el acceso universal a servicios básicos, por la garantía a los mismos derechos, y en igual medida, por el goce de estos derechos en igualdad.

Luego de reconocer esto podemos preguntarnos: ¿Vivimos en democracia realmente?

Actualmente Latinoamérica ostenta ser el continente que más ha avanzado en los últimos años en reducción de pobreza, en lo que a ingresos respecta, pero al mismo tiempo sigue siendo el continente más desigual del mundo. 10 de sus países están dentro de los 15 países que lideran este ranking, según cifras del PNUD. Esto es extremadamente relevante cuando decimos que una democracia se mide por el trato igualitario que obtiene cada ciudadano y ciudadana frente al Estado.

La desigualdad es un tipo de discriminación. Genera exclusión y esta, a su vez, genera la ruptura de todo tipo de lazos entre las personas o grupos discriminados con el resto de la sociedad, con lo que disminuye altamente la potencialidad de tejer un entramado social que lleve a un desarrollo conjunto, lo que es condición fundamental para que ese desarrollo al que aspiramos sea sostenible en el tiempo.

Los niveles de desigualdad existentes actualmente en nuestra sociedad, han producido una serie de reacciones por parte de la ciudadanía. En los últimos años, las portadas de los medios han estado abarrotadas de manifestaciones. Acceso a transporte, educación, seguridad social o a una salud de calidad, entre muchas otras demandas, se levantan por todo el continente. “Las protestas y eventos en todo el mundo nos recuerdan que los ciudadanos quieren una mayor participación en las decisiones que afectan a sus vidas. Junto con el movimiento de salida de la pobreza, la gente tiene expectativas de ser oída, de estar involucrada y de contar con servicios públicos accesibles“, dijo Helen Clark, administradora del PNUD.

En este contexto nos encontramos principalmente frente a dos caminos a seguir, según mi perspectiva. El primero es que nuestras autoridades hagan caso omiso de lo que está ocurriendo, intentando calmar estas demandas con promesas o iniciativas paliativas y de corto plazo, como respuesta a estos problemas, o simplemente reprimiendo a través de la fuerza pública a los manifestantes. Algunas autoridades han tomado reiteradamente este camino, lo que ha generado una acumulación de malestar, que tarde o temprano se traducirá en manifestaciones cada vez más agresivas (como ya ha ocurrido en varios países). La segunda opción es que escuchen las demandas de la sociedad, abran los espacios de participación necesarios y, en conjunto con la ciudadanía, generen cambios a nivel estructural que aseguren un cambio a largo plazo en las políticas y leyes que actualmente nos rigen.

Ya sea por interés o necesidad, como ciudadanos hemos ido comprendiendo cada vez de manera más profunda, que no solo somos sujetos de derechos, sino también de deberes, y hoy estamos manifestando nuestro interés por responder a estos deberes y participar activamente en la generación y ejecución de las soluciones que se necesitan. Ahora, nos encontramos a la espera de que nuestras autoridades escuchen estas demandas y abran los espacios de participación adecuados para canalizar positivamente estas energías. Si esto no ocurre, seguiremos manifestándonos; ya que la lucha por la libertad y la justicia social, es una lucha que jamás debiéramos perder como humanidad. Por que ya no podemos permitir que los intereses de algunas personas o grupos, se antepongan a los colectivos.

Como sociedad, debemos aspirar y trabajar para vivir en sistemas democráticos en los cuales nos rijamos por valores como la solidaridad y el respeto. En los cuales seamos capaces de renunciar a deseos personales por respetar el deseo común. En los cuales todos y todas seamos tratados de la misma manera y que ninguno de nosotros permita que esto sea incumplido por quien sea que ose hacerlo. Aspirando a sistemas como éste, está claro que problemas como la alta desigualdad en la que vivimos actualmente se irán reduciendo.

La confianza es una condición fundamental para que una democracia funcione realmente, debemos enfocar nuestros esfuerzos en recuperar los lazos de confianza que hemos perdido como seres humanos para un verdadero desarrollo social y económico sostenible de nuestros países. Para eso, debemos oponernos radicalmente a cualquier símbolo de discriminación y desigualdad existentes en nuestra sociedad, y erradicarlos de raíz. Si logramos esto, nos acercaremos realmente a la generación de iguales oportunidades para todos y todas.

** Columna escrita por Agustín Wolff, economista y director social de TECHO para Latinoamérica.